El papa León XIV aceptó la renuncia de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, investigado por presuntos abusos a un menor. Aunque su salida ocurre en medio del escándalo, no es una sanción moral ni un castigo, sino un trámite obligatorio que todos los prelados presentan al cumplir 75 años. Zornoza había entregado su renuncia hace 15 meses y recién ahora fue aceptada, pese a que enfrenta acusaciones de pederastia.
Aún sin juicio eclesiástico claro
El Vaticano no explicó los motivos de la aceptación, un comportamiento habitual en la jerarquía eclesial. La Conferencia Episcopal Española informó que no hay sucesor, pero sí un administrador apostólico: Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla.
La salida de Zornoza ocurre mientras está siendo investigado por supuestos abusos cometidos entre 1994 y los años 2000, cuando dirigía el seminario de Getafe. Para muchos críticos, esta demora evidencia que la Iglesia mantiene prácticas opacas que priorizan procesos internos antes que una respuesta moral o disciplinaria inmediata.
Un sistema lento y cuestionado
Aunque Zornoza defendió su inocencia y suspendió su agenda, la Iglesia española enfrenta más de 100 denuncias recientes por abusos. El Defensor del Pueblo estima más de 200.000 víctimas históricas, y expertos señalan que renuncias “administrativas” como esta confirman que las decisiones no responden a justicia, sino a protocolos internos.