El presidente Luis Arce promulgó la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, una medida que busca otorgar un alivio temporal a familias y pequeñas unidades productivas. La norma no condona deudas, sino que aplaza pagos y suspende acciones judiciales por seis meses. El objetivo es evitar que personas en situación económica vulnerable pierdan sus bienes durante este periodo.
Suspensión inmediata de procesos judiciales
Por seis meses queda suspendida cualquier acción judicial vinculada al cobro de créditos de vivienda de interés social. Esto incluye:
- Embargos.
- Remates.
- Ejecución de sentencias.
- Desalojos y desapoderamientos.
La ley señala que cualquier autoridad o entidad financiera que ejecute medidas pese a la suspensión actuará fuera de la norma. Tales acciones serían “nulas de pleno derecho” y podrían generar responsabilidades civiles y penales para los funcionarios que las autoricen.
Diferimiento automático de cuotas
Las entidades financieras están obligadas a diferir, de forma automática, las cuotas correspondientes a créditos de vivienda social y créditos otorgados a micro y pequeñas unidades económicas. El diferimiento incluye capital, intereses, seguros y otros cargos asociados.
No es necesario que el deudor realice una solicitud. Sin embargo, quienes deseen continuar pagando podrán hacerlo mediante una declaración expresa ante su banco.
Sin incremento de costos ni intereses adicionales
Uno de los puntos más relevantes es que el diferimiento no encarecerá la deuda. La ley prohíbe:
- Incrementar tasas de interés.
- Aplicar sanciones por mora.
- Capitalizar intereses (anatocismo).
- Cargar costos administrativos adicionales.
Tampoco se permite el cobro acumulado al final del periodo. Las pólizas de desgravamen hipotecario y garantías se mantienen sin cambios.
Resumen
La Ley 1670 otorga una pausa financiera protegida, evitando pérdidas de bienes y sobrecostos, mientras las familias y pequeños negocios se estabilizan económicamente.