El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte un preocupante incremento de hostigamientos, intimidaciones y campañas de desprestigio contra defensores del medio ambiente en Bolivia.
Según el documento, estas agresiones estarían vinculadas a la expansión de proyectos extractivos, especialmente en zonas rurales e indígenas donde operan empresas de hidrocarburos y minería.
Casos de criminalización y violencia de género
Uno de los casos emblemáticos ocurrió en Tariquía, donde 20 defensores fueron denunciados penalmente por oponerse a trabajos de YPFB y Petrobras. La CIDH considera que este tipo de procesos judiciales criminaliza la protesta ambiental y genera miedo entre las comunidades. El informe también denuncia agresiones específicas contra mujeres defensoras, muchas de ellas de carácter sexual, con el fin de silenciarlas y perpetuar estructuras patriarcales.
Restricciones legales y falta de garantías
El organismo advierte que las organizaciones ambientales enfrentan trabas burocráticas “largas y costosas” para su registro, y que las normas vigentes permiten al Estado restringir su labor de forma arbitraria. Aunque Bolivia ha ratificado el Acuerdo de Escazú, la CIDH urge convertir este compromiso en medidas concretas que garanticen un entorno seguro para quienes protegen la naturaleza.