Una jueza agroambiental de La Paz ordenó suspender el tratamiento de los contratos para la explotación del litio, tras una demanda de la Defensoría del Pueblo.
La medida busca proteger a los habitantes del Salar de Uyuni y garantizar el respeto al medioambiente.
Defensoría logra medidas cautelares
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que se admitieron las medidas cautelares y se dispuso la suspensión momentánea de los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia. El proceso exige condiciones previas antes de que la Asamblea Legislativa vuelva a tratar los acuerdos.
Estudios ambientales y consulta previa
La jueza estableció tres requisitos: primero, un estudio de impacto ambiental estratégico sobre los recursos hídricos; segundo, un análisis de las aguas fósiles en la región; y tercero, un proceso de consulta previa, libre e informada con los habitantes del sector.
Asamblea deberá esperar estudios
Antes de aprobar los contratos, la Asamblea Legislativa deberá solicitar oficialmente los estudios y convocar a los actores sociales para revisar su contenido. Callisaya aclaró que la Defensoría “no está en contra de ninguna iniciativa económica”, pero remarcó que deben respetarse los derechos humanos y ambientales.
El Gobierno había argumentado anteriormente que la evaluación ambiental aún no era posible, ya que no se definió la ubicación exacta de los proyectos.