El Gobierno de Bolivia negó que la detención preventiva del expresidente Luis Arce tenga un “carácter político”. La Cancillería afirmó que el proceso judicial responde a una investigación iniciada años atrás por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena.
“Dicho proceso antecede a su desempeño como jefe de Estado y no se encuentra vinculado a su condición de expresidente ni a consideraciones de carácter político”, sostuvo el Ministerio de Exteriores en un comunicado oficial.
Proceso previo y garantías legales
Según el Gobierno, la decisión judicial fue adoptada conforme a la normativa vigente y dentro de un procedimiento en curso. Además, se aseguró que se garantizan las instancias de defensa y los derechos de toda persona sometida a investigación.
La Cancillería recalcó el respeto a la soberanía, la no intervención y la independencia de los poderes del Estado. Indicó que las actuaciones judiciales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes y se basan en la ley.
Llamado a la prudencia
El Ejecutivo exhortó a la responsabilidad en los pronunciamientos públicos y pidió evitar interpretaciones que puedan afectar la convivencia democrática y la paz social. También afirmó que mantiene abiertos los canales diplomáticos para brindar información objetiva.
Luis Arce cumple cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, relacionados con desembolsos del Fondioc cuando era ministro de Economía.