El Gobierno negó que el Decreto Supremo 5503 implique la entrega de recursos naturales o responda a lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que la norma busca atraer inversión con reglas claras y transparencia.
Críticas responden a una “narrativa política”
Espinoza sostuvo que las observaciones al decreto se basan en una “narrativa política” impulsada por sectores que, en el pasado, se beneficiaron de acuerdos poco transparentes. “Es una narrativa política que están tratando de imponer aquellos que se beneficiaron con la entrega de los recursos naturales en el pasado”, declaró.
El punto más cuestionado del decreto
Las críticas se concentran en el artículo 11, que autoriza inversiones extranjeras en recursos estratégicos, como minería o litio, mediante decreto supremo y no por la Asamblea Legislativa. Por este motivo, sectores afiliados a la COB iniciaron movilizaciones al considerar que la norma podría perjudicar los intereses del país.
Defensa del mecanismo ‘fast track’
El ministro explicó que el esquema “fast track” no es una concesión irregular, sino una vía para acelerar inversiones productivas. “Implica llegadas rápidas de inversiones, ampliación de inversiones existentes y la posibilidad de que bolivianos y extranjeros que quieran traer recursos al país para generar empleo digno puedan hacerlo de una manera acelerada”, afirmó.
Sin injerencia del FMI
Espinoza descartó de forma enfática cualquier influencia del FMI. “Fue escrito por manos bolivianas porque era una medida necesaria para la estabilización”, remarcó.