Desde hace más de una semana, el norte de Ecuador enfrenta noches de violencia tras la eliminación del subsidio al diésel por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Las protestas han dejado decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
La primera muerte de un manifestante en la provincia de Imbabura, presuntamente a manos del ejército, ha elevado al máximo la tensión entre la administración nacional y Conaie, la mayor organización indígena del país.
Denuncias de violaciones y persecución
Paulina Verkoutere, viceprefecta de Imbabura, señaló: “Creo que siempre hay espacio para negociar (…) pero ahora mismo no veo las condiciones para que se dé y temo mucho que suba la escalada de violencia”.
Organizaciones indígenas denuncian violaciones de derechos humanos por parte de los militares. La oposición acusa al Gobierno de perseguir a los pueblos indígenas mediante un discurso racista y medidas como el bloqueo de cuentas y supuestas investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Impacto social y económico
El Ejecutivo asegura que la eliminación del subsidio ya reporta beneficios y ayuda a miles de familias. Sin embargo, Verkoutere sostiene que “la calidad de vida de los ecuatorianos ha disminuido” y critica la política de bonos desarticulados. La dirigente enfatiza que los efectos negativos afectan especialmente a la población indígena, agravando desigualdades laborales y educativas.