Desde el 3 de enero de 2026, la situación de los presos políticos en Venezuela ha generado gran incertidumbre entre familiares. Cada organización de derechos humanos mantiene sus propios registros, y los números son dinámicos. Gonzalo Himiob, de Foro Penal, señaló que hasta el 25 de enero se verificaron 109 excarcelaciones, mientras aún quedan 734 presos por motivos políticos.
Excarcelaciones con restricciones
Rafael Uzcátegui, de Laboratorio de Paz, aclara que las liberaciones no implican libertad plena. “Su causa y las acusaciones en su contra continúan abiertas, y tienen derechos restringidos”, dijo. Los excarcelados deben firmar periódicamente ante tribunales y no pueden participar en manifestaciones.
Angustia de las familias
Óscar Murillo, de Provea, explica que la opacidad del Gobierno “revictimiza a las personas encarceladas y a sus familias”. Los familiares realizan vigilias frente a las cárceles sin certezas sobre quién será liberado.
Opacidad y estrategia política
Las autoridades no publican listas ni criterios claros de excarcelación. Algunos liberados tenían problemas de salud o más de 70 años, pero la decisión parece política. Según expertos, el Gobierno busca disminuir el impacto mediático y mantener control sobre la narrativa de las liberaciones, mientras prepara una posible ley de amnistía que podría incluir impunidad.