La problemática de los avasallamientos en tierras rurales sigue generando alarma en Santa Cruz. Productores y analistas denuncian la existencia de mafias dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y exigen acciones inmediatas del Estado.
En entrevista con el programa Que No Me Pierda, el analista Gustavo Pedraza afirmó que la situación “no es nueva” y que la impunidad permitió que los delitos se repitan.
“La impunidad es el caldo de cultivo del delito”
Pedraza señaló que durante años fiscales y jueces liberaron a los responsables. “Los fiscales y jueces liberaban a los culpables, quienes volvían a delinquir. La impunidad es el caldo de cultivo del delito”, sostuvo.
Según explicó, el INRA fue usado con fines políticos para la entrega irregular de tierras. Denunció la conversión ilegal de suelos forestales en agrícolas y la ocupación de áreas protegidas como la Chiquitanía, Guarayos, Choré y el parque Noel Kempff.
Tierras, reservas y doble titulación
“El INRA fue prácticamente destrozado y las instituciones como la ABT no cumplieron su rol”, afirmó. Detalló avasallamientos, invasión de reservas, cambios ilegales de uso de suelo por más de dos millones de hectáreas y casos de doble titulación.
Pedraza insistió en que la solución pasa por recomponer el INRA con un enfoque técnico, fortalecer el catastro rural y aplicar sanciones penales para frenar el negocio de la tierra.