El gobierno del presidente Rodrigo Paz amplió de 45 días a un máximo de 12 meses el plazo para pagar las vacaciones no utilizadas de los funcionarios públicos. La decisión está incluida en el Decreto 5498, que modifica el Decreto 5470 aprobado el 8 de octubre de 2025 por el expresidente Luis Arce, quien había fijado un límite de 45 días.
Vacaciones: derecho irrenunciable y de uso obligatorio
El artículo modificado del Reglamento de Desarrollo Parcial del Estatuto del Funcionario Público establece que “el derecho a la vacación de la servidora o servidor público es irrenunciable y su uso es obligatorio”. La compensación económica solo procede en casos de fallecimiento, cierre de la entidad, destitución, renuncia o sentencia judicial. En esas situaciones, las entidades públicas deberán pagar las vacaciones pendientes en un plazo máximo de 12 meses.
Escasez de recursos motivó el cambio
Según los considerandos del decreto, la ampliación del plazo responde a “los recursos públicos limitados” y al incremento de obligaciones heredadas del gobierno del MAS. El Ejecutivo señala que necesita atender compromisos de gasto inflexible, subvenciones y programas sociales antes de procesar estos pagos.
El pago será de oficio por parte del Estado
Además, la norma dispone que el pago por vacaciones no utilizadas deberá realizarse de oficio por cada entidad pública, sin que el funcionario afectado tenga que presentar una solicitud.